Hace
poco escribí sobre una noticia relacionada con las donaciones de un conocido
multimillonario a la sanidad pública. Concretamente, se trataba de una
determinada tecnología puntera en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer.
Allí comentaba los argumentos principales usados contra esta práctica y además
añadía que estos gestos esconden intereses que nada tienen que ver con la
filantropía.
Aquí
voy a tratar de explicar uno de los principales problemas a los que se enfrenta
la universidad pública: la apropiación de capital intelectual público para
satisfacer los intereses privados. Lo haré poniendo como ejemplo un mecanismo
cada vez más usado de contratación científica.
Que conste, y es muy importante decirlo, que este problema es algo generalizado.
Esto ocurre tanto en física como en historia o filosofía. En este texto voy a
contar cómo es la cara del enemigo en lo referente a la ciencia, pero no quiere
decir que sea un enemigo diferente en otros campos. De hecho, cuanto más
pregunto, más cuenta me doy de que el mecanismo de destrucción de la educación
y sanidad públicas son exactamente el mismo.
Soy
científico de profesión, concretamente astrofísico nuclear. Gran parte de mi
formación científica la hice en el extranjero (Alemania) donde la realidad es
muy diferente a la que se vive en España. Sin embargo, en mi regreso me ha
tocado enfrentarme a esa realidad. Por
desgracia estoy escribiendo estas líneas el mismo día en el que abandono de
nuevo España para seguir mi carrera científica en Alemania.
España
no es, sin lugar a dudas, el mejor lugar para ser científico. No voy a analizar
cómo se ha llegado a esta situación, pero basta echar una mirada a la historia
reciente para darse cuenta de que la investigación no ha sido una prioridad
estatal. Todavía en 2019 estamos dando tumbos buscando un modelo productivo
eficiente; tarea más que difícil teniendo en cuenta que la entrada en la UE
supuso el desmantelamiento de gran parte de nuestro tejido industrial para
pasar a ser dependientes de lo producido por otros.
El
desequilibrio entre el coste salarial de producción de las mercancías
fabricadas y el margen de ganancias obtenido trae como consecuencia directa la
precarización de la clase obrera. Está claro que al no disponer de un sector
puntero a nivel internacional y debido a las normativas europeas es imposible
alcanzar un punto óptimo de oferta-demanda ventajoso. En este escenario, los
salarios son bajos y tenemos un empobrecimiento de la clase obrera.
Una
de las respuestas a este problema está en la inversión destinada a
investigación y desarrollo (I+D) pero nunca ha habido una apuesta ambiciosa
real por crear un tejido productivo innovador desapegado de las dinámicas
empresariales más vinculadas a la explotación de capital humano, quizás
motivados por el espíritu cortoplacista por obtener ganancias económicas a
golpe de esa varita mágica que es la explotación laboral.
¿Desde
dónde se invierte en I+D? Pues o bien desde lo público o bien desde lo privado,
ya sea en forma de empresas o donaciones. En cualquiera de los dos casos España
no ocupa un buen puesto en comparación con otros países de nuestro entorno. El
caso de lo privado está relacionado con lo anteriormente expuesto, ya que al
carecer de un tejido empresarial fuerte es imposible que las empresas se ocupen
al mismo tiempo de producir e invertir en I+D. ¿Y lo público?
Las
continuas políticas de recortes han precarizado todavía más la investigación
que realiza la clase obrera en las universidades públicas. Y decimos bien
clase obrera, puesto que, aunque se vincule la imagen del obrero a un
trabajador de baja o media cualificación, altas cualificaciones como las
necesarias para los puestos de investigación universitaria también sufren
condiciones laborales próximas a satisfacer, en cuanto a salario, mínimos de
supervivencia. Desde los estudiantes de doctorado, pasando por investigadores
retornados sin estabilizar o los contratados a proyecto sufren la realidad de
los contratos basura de menos de 700 euros netos mensuales y las malas
condiciones laborales dentro de la universidad, enganchando contratos de pocos
meses de duración con varios meses de paro durante los que también se trabaja
sin estar asegurado.
La
lucha por la supervivencia de un proyecto de investigación, además de
fomentar el canibalismo entre grupos por
la escasa financiación disponible, desvirtúa el valor de uso que le corresponde
a una institución pública como es la universidad: el beneficio social que
supone.
Este
contexto ha llevado a algunas universidades a la bancarrota o a estar en deuda
permanente. Como servicio público que es, el argumento económico no debería
entrar en discusión: es un servicio y se tiene que dar. Sin embargo, hay un
problema importante relacionado con la estructura interna universitaria. El
hecho de que el personal estabilizado (profesores titulares y catedráticos,
principalmente) tengan un desequilibrio entre el número de horas de
investigación-docencia y la imposibilidad de ofrecer contratos dignos de
personal investigador dificulta ese retorno social. Por lo tanto la universidad
tiende a acumular profesorado dedicado a docencia (sin apenas horas de
investigación) y sin dinero para atraer a gente que realice esa tarea
investigadora.
En
este escenario las empresas privadas han aprovechado la ocasión para intervenir
en lo público. La estrategia consiste en hacer uso de las estructuras de la
universidad publica para proponer un proyecto del que luego sacan un jugosísimo
beneficio económico a cambio de un coste ridículo en comparación a lo
invertido. Voy a poner un ejemplo real para describir una de diferentes
prácticas usadas por estas empresas.
Supongamos
que una empresa privada, que se dedica a un determinado sector, recibe una
ayuda pública para llevar a cabo un proyecto. Por ejemplo, la construcción de
un determinado dispositivo que puede ayudar a tratar el cáncer. Para realizar
esa tarea se requiere de personal altamente cualificado y con formación
científica. En lugar de ofrecer contratos en el mercado laboral privado, lo que
la empresa hace es ir a la universidad pública. La empresa se aprovecha de la
escasez de financiación para ofrecer una especie de simbiosis, es decir,
la empresa se convierte de repente en partner del proyecto de
investigación. La universidad abre un contrato de investigador dentro de un grupo
que en realidad va a ser aprovechado por la empresa. A cambio, el grupo recibe
migajas en material, servicio técnico u otro servicio que sea de ayuda en la
línea principal de investigación del grupo. Por seguir con el ejemplo antes
propuesto, un físico de partículas es contratado en el departamento de nuclear
para que trabaje para una empresa privada y financiado por ésta. Cada vez que
una empresa usa personal universitario, la universidad recibe un porcentaje
del valor del contrato (como una especie de comisión) De esta manera la
universidad recibe dinero por una plaza que no paga y así puede ayudar a
solucionar sus problemas económicos. ¿Dónde está el truco? En las patentes.
Una
vez desarrollada la máquina del ejemplo, la empresa privada va a ser dueña de
la idea y puede patentarla sin problemas y así obtener beneficios derivados de
su venta (en particular a instituciones públicas como los hospitales). De esta
manera, si nos fijamos en el flujo de capital, vemos que desde lo público se ha
beneficiado directamente a lo privado a costa de la precarización laboral. De
esta manera, las universidades, con tal de pagar su deuda, se han convertido en
algo más parecido a una ETT al servicio
de lo privado que a un centro de desarrollo de conocimiento y formación
científica. Y a esto se ha llegado debido a las necesidades económicas que
atraviesan tanto las universidades (como entidad) como los grupos de
investigación, que prácticamente se ven
forzados a claudicar a estas prácticas con tal de sobrevivir y continuar con su
línea investigadora.
Ya
no es raro encontrar, en las universidades públicas, cátedras patrocinadas por
multinacionales. Por ejemplo, podemos encontrar la “cátedra Burger King de la
Universidad de Extremadura” o la
“cátedra UCM-Pfizer” por poner solo dos ejemplos. Esto supone poner al servicio
de los intereses privados las estructuras públicas. Lo que en principio puede
parecer una simbiosis o colaboración mutua acaba siendo una relación de
sumisión de lo público en favor de lo privado. Ésto, ademas de suponer una
contradicción del valor de uso de la universidad, es un peligro para el propio
avance científico, pues al ser los intereses de una empresa privada meramente
económicos -y en absoluto de progreso científico- tienden a obviar o intentar
aminorar en lo posible los recurso y esfuerzos destinados a una parte
imprescindible y porcentualmente elevada de la naturaleza intrínseca de la
investigación científica que es el desarrollo de experimentos fallidos;
imprescindibles por su carácter de allanamiento de las sendas encaminadas a
descartar opciones que no van a funcionar y que permiten orientarse hacia la
consecución de lo proyectado, por lo que gran parte de la investigación básica
puede desaparecer al no ser de su interés.
Además, se corre el riesgo de introducir un sesgo en las investigaciones
si al final los resultados no son interesantes para la empresa. Es importante
destacar que en ciencia tan importante es saber si algo ha funcionado como si
no.
Por
ello es necesaria una apuesta por la inversión en empresa pública que sea capaz
de patentar y exportar avances tecnológicos. Esto se consigue partiendo de los
resultados obtenidos de la investigación básica realizada en las universidades
y transformándolos para que sean de interés público. No toda investigación está
destinada al éxito empresarial, pero es muy necesario que esos nuevos
conocimientos supongan un avance en la tecnología de interés público y se
realicen desde lo público. Lo que a
todas luces es incomprensible es que una empresa privada reciba ayudas públicas
para desarrollar mercancías cuyos beneficios van íntegramente para ella y esto
se haga a costa de la explotación de capital humano público.
Cada
día vemos cómo la teoría liberal que defiende los intereses del capitalismo transforma
la concepción de la realidad científica hasta convertirla en pura mercancía que
se puede comprar y vender. Hoy muchas universidades pelean por la obtención de
distintivos de calidad y excelencia investigadora que las haga más atractivas a
futuras inversiones. Sin embargo, la realidad es que detrás de esos sellos de
excelencia está la precariedad laboral y la lucha por conseguir las migajas de
lo que se invierte en investigación y así que su línea investigadora sobreviva.
Y esto ocurre incluso dentro de grupos que son parte de una colaboración a
nivel internacional, donde además se añade el problema de la deslocalización y
así la lucha por la obtención de capital es más amplia y entran más variables
en el juego. Aquí solo hemos tratado el problema a nivel nacional, en lo que
toca a nuestras universidades y su impacto en nuestro desarrollo. El papel de
esos grupos dentro de las colaboraciones internacionales y las inversiones
estatales en ellos merecen otro capítulo.
Jose Cuenca García
@joseAusOff
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