El Ministerio de Asuntos Exteriores español, que asume también tanto temas de derechos humanos como de cooperación, publicó una orden con el acuerdo del Consejo de Ministros del día 10 de diciembre de 2004, la Orden 4150/04, en la que se establece el día 27 de enero como día de la Memoria del Holocausto y como día también de la Prevención de los crímenes contra la Humanidad, decisión tomada por el entonces gobierno socialista no por los cometidos en España durante la dictadura franquista, sino para asumir en nuestro país el acuerdo del Consejo de Europa, en el 2002, y la declaración presidencial de la Comisión Europea de 26 de enero de 2004 de establecimiento en todos los países de la Unión del día europeo dedicado a tan execrable hecho y por la prevención de su no repetición.
70 años después, está perfectamente documentado y reconocido que no sólo fue el colectivo judío el que sufrió el zarpazo de la intolerancia nazi: gitanos, homosexuales, comunistas, disidentes y opositores alemanes, rusos y ciudadanos de otras nacionalidades declaradas enemigas, personas de confesiones religiosas no católicas, etc, etc. fueron igualmente perseguidos y exterminados en los campos diseñados para ello. Y también miles de exiliados políticos españoles, no reconocidos como tales por el gobierno de Franco, sufrieron aquella matanza: por Mauthausen, conocido por sobrevivientes franceses como el campo de los españoles, se estima que pasaron entorno a los diez mil republicanos, de los cuales siete mil son reconocidos que murieron presos en sus instalaciones y en las de Gusen –campo satélite de trabajo auxiliar-, según la cifra oficial, no definitiva aún. Por el de Ravensbrück pasaron 400 españolas; en el de Dachau asesinaron a 26 compatriotas, según el último computo del Ministerio de Justicia. Por Buchenwald, Neuengamme, Sachsenhausen, Flossenburg también pasaron deportados españoles, aunque en número más reducido, al igual que por el de Auschwitz, cuya liberación por el ejército soviético, en enero de 1945, es la que se marcó como fecha oficial de homenaje y memoria.
Es pues un deber del Estado español, como miembro de la Unión, el integrar en el homenaje oficial de conmemoración europea a los ciudadanos españoles que fueron víctimas de la misma manera que el resto de colectivos. Pero es también un derecho democrático de las víctimas y sus familiares.
Nuestro exilio en Europa y la deportación española son símbolos de resistencia antifascista y una comisión por la verdad en nuestro país ayudaría, ya no sólo al conocimiento y esclarecimiento de lo acaecido y a señalar responsabilidades, también serviría para equiparar definitivamente a todas las víctimas del genocidio y colocarlas en su puesto en la Historia democrática.
Secretaría de Movimiento Republicano y Memoria Histórica / 27 ene 15
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